Bajo el escrutinio público que marcó la reciente elección de jueces y magistrados del Poder Judicial, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) rindió su Informe de Actividades 2024‑2025.
Durante la sesión solemne, el Magistrado Presidente Sergio Avilés Demeneghi defendió el actuar del tribunal y aseguró que se resolvieron todos los medios de impugnación derivados del proceso electoral extraordinario con eficacia, certeza y legalidad.
El magistrado recordó que todas las resoluciones impugnadas ante instancias federales fueron confirmadas.
“Eso demuestra la solidez jurídica y el alto nivel de profesionalismo con el que actuamos”, subrayó.
Uno de los puntos más cuestionados por diversos sectores fue la decisión del tribunal de validar la votación en bloque para designar a los integrantes del Poder Judicial, en lugar de permitir el voto individual por candidato.
A pesar de esas críticas, Avilés Demeneghi reiteró que el procedimiento fue legal y congruente con el marco normativo vigente.
En su mensaje, informó que el tribunal trabajó para acercar la justicia electoral a la ciudadanía. Como ejemplo, presentó el libro “Justicia Electoral: Sentencias en una imagen”, una herramienta visual para explicar fallos complejos en lenguaje claro.
En materia de formación, se destacó la emisión de más de mil constancias de capacitación dirigidas tanto al personal como a la sociedad civil.
De igual manera, hubo acciones específicas en comunidades rurales y con grupos históricamente vulnerados, como mujeres, pueblos originarios, personas con discapacidad y población LGBTTTIQ+.
En lo administrativo, el presupuesto del tribunal para 2025 fue de 42 millones de pesos, ampliado posteriormente a 46 millones para garantizar el cumplimiento de sus funciones.
El informe cerró con un homenaje póstumo a Alejandro Cab Cárdenas, servidor público del tribunal durante 22 años, recordado por su entrega y profesionalismo.
“La justicia no se mide solo en sentencias, sino en confianza ciudadana”, concluyó Avilés.
En el evento estuvieron presentes partidos políticos, autoridades electorales y representantes de los tres poderes del Estado, incluyendo al Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Carlos Felipe Fuentes del Río.
