Cerca de cien representantes de productores de caña de azúcar se manifestaron de forma pacífica frente al Palacio de Gobierno del Estado, en Chetumal, para exigir apoyos para el rescate de la actividad cañera.
Los comités directivos de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA) y la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) encabezaron la protesta, tras una asamblea realizada el día anterior.
Los cañeros solicitan apoyo económico urgente ante las severas pérdidas registradas durante la zafra 2024–2025.
Según sus dirigentes, Sergio Crisanto Mortero (ULPCA) y Benjamín Gutiérrez Reyes (CNPR), no se lograron cosechar 17 mil hectáreas, lo que representa una pérdida estimada de 800 millones de pesos.
Las causas fueron plagas de hongos y ratas, además de condiciones climatológicas desfavorables.
Entre las peticiones planteadas al Gobierno del Estado destacan:
- Apoyo emergente de 7 mil pesos por hectárea afectada
- Entrega de 500 kilogramos de fertilizante por hectárea
- Tratamientos fitosanitarios de tres a cuatro aplicaciones para combatir el hongo Fusarium
- Un paquete de foliar por hectárea
- Acciones específicas para el control de plagas
- La creación de un programa especial de rescate tipo “Sembrando Vida” para incorporar cultivos alternos
Desde temprano, maquinaria y camiones se ubicaron cerca del llamado “kilómetro 19” de la carretera Chetumal–Bacalar, con intenciones de bloquear si no recibían respuesta.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional permanecen en el área.
Tras el inicio de la manifestación, autoridades estatales como el secretario de Desarrollo Agropecuario, Jorge Carlos Aguilar Osorio, y el subsecretario de Gobierno, Nabil Eljure Terrazas, comenzaron un diálogo con los líderes del movimiento.
Las autoridades instalaron una mesa de trabajo y, por ahora, el bloqueo queda suspendido temporalmente.
La producción de caña representa la segunda actividad económica más importante en Quintana Roo, después del sector terciario.
De la caña dependen directamente más de 10 mil familias, y más de 15 mil personas si se consideran cortadores, transportistas y obreros del ingenio.
La falta de atención, advierten, podría derivar en una crisis social y laboral sin precedentes.
