La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya turnó a la nueva ministra, María Estela Ríos González, la controversia constitucional interpuesta por Yucatán contra Quintana Roo por los límites territoriales.
Pero la pregunta es inevitable. ¿Estará cerca la resolución de este conflicto histórico o la renovación del Poder Judicial será, una vez más, un pretexto para alargar el proceso indefinidamente?
La primera controversia, iniciada en 1997, terminó acumulando 17 años de litigio sin resolución, producto también de reformas constitucionales.
Hoy, como entonces, el expediente estaba en su última fase. En mayo de 2023, antes de la renovación total de la Corte, el expediente 226/2019 fue enviado para proyección de sentencia a manos del entonces ministro instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Las dudas sobre el destino de la controversia son legítimas.
La versión pública del primer acuerdo de esta corte, emitido el pasado 4 de septiembre, ocultó el nombre de la ministra instructora, generando desconfianza sobre la transparencia del proceso.
A esto se suma la falta de seguimiento por parte de las autoridades de Quintana Roo, en particular del Congreso del Estado, donde Filiberto Martínez Méndez, presidente de la comisión de Asuntos Fronterizos, se ha negado incluso a atender al Comité Pro Defensa.
Esta pasividad institucional fue precisamente la que propició el archivo judicial de la primera controversia, que involucra una franja de más de 10 mil kilómetros cuadrados.
Las autoridades de Quintana Roo deberían reactivar cuanto antes el seguimiento de la controversia entre los limites para no repetir la historia.
Son decenas de comunidades y miles de habitantes que requieren certeza jurídica, pero sobre todo que las autoridades dejen de utilizar la falta de certeza como pretexto para deslindarse de sus responsabilidades.
