La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, encontró la manera de garantizar que las familias sigan aportando millonarios recursos al Ayuntamiento a cambio del alumbrado público, financiado con los propios impuestos ciudadanos.
A través de la Tesorería Municipal, la administración de la antes panista y ahora morenista, dio a conocer la cuota que se aplicará a los recibos de energía eléctrica de cada hogar y negocio en ese municipio, a partir de este mes de enero.
Según el documento, la cuota es de 507 pesos mensuales, para hacer un total de 6 mil 83 pesos al año y que serán cobrados directamente por la Comisión Federal de Electricidad bajo el concepto de DAP (Derecho de Alumbrado Público).
De esta manera, la administración pretende recuperar 53 millones de pesos que gastó en 2025, una cifra que nadie sabe en qué conceptos fue, porque, el acuerdo emitido se limitó a informar que eso costó el servicio el año pasado.
Además, en plena violación a la Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres, la administración municipal alteró la nueva fórmula, eliminando de la ecuación a cientos de personas obligadas a pagar el mismo derecho.
Se trata de propietarios o poseedores de predios ejidales, rústicos, suburbanos o urbanos que no cuenten con servicios de energía eléctrica contratados ante la CFE, pero que reciben el beneficio del servicio y mantenimiento de alumbrado público.
Esa exclusión no solo elevó el monto asignado que deberá pagar cada usuario registrado ante la CFE, sino que el dinero que paguen aquellos “sin contrato con CFE” será un dinero extra para el municipio.
La Ley de Hacienda de Isla Mujeres, aprobada en diciembre pasado, señala que el costo total del servicio deberá dividirse entre la “suma” de los usuarios con contratado registrados ante la CFE y los propietarios de predios que carecen de servicio de la CFE pero cuentan con alumbrado público.
El municipio debió considerar a los propietarios de predios baldíos, pero en su lugar se limitó a la cantidad de usuarios que informó la CFE, con corte a noviembre, de 8 mil 821 conexiones.
La propia Ley de hacienda del municipio señala que el cobro no podrá rebasar el 5% del consumo eléctrico de las familias, pero… ¿quién garantiza que, ahora sí, respeten la ley?
Fórmula del Derecho de Alumbrado Público declarada inconstitucional
En diciembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la primera fórmula impulsada por Atenea Gómez Ricalde, que pretendía cobrar directamente el 5 por ciento del consumo eléctrico de las familias y negocios.
La medida propiciaba que aquellos que más tienen paguen más. Por ejemplo, los grandes hoteles pagarían miles de pesos como ocurrió en algunos municipios como Cozumel.
Sin embargo, para los ministros de la SCJN era ilegal porque se trataba de un impuesto al consumo eléctrico, para lo cual el Congreso de Quintana Roo no tenía facultades paraa gravar.
Además, consideraron que era una tarifa injusta porque no correspondía al costo real que paga el ayuntamiento por el servicio público.
En respuesta, el Congreso Local estableció otra fórmula que permite conocer exactamente el monto a pagar, es decir, dividir entre todos los predios beneficiarios del servicio el costo del alumbrado, para tener una tarifa única para todos.
Sin embargo, el gobierno municipal de Isla Mujeres decidió crear su propia fórmula, eliminando a cientos de personas propietarias o poseedoras de predios que aún sin tener contrato con la CFE, sí cuentan con alumbrado público.
