La empresa Aguakán advirtió que podría iniciar acciones legales en contra de funcionarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo.
La empresa, concesionaria del servicio de agua potable en la zona norte de Quintana Roo, señala al gobierno y sus funcionarios de actuar de manera irregular y contrario a derecho.
Aguakán se refiere al nuevo crédito fiscal que le notificó la CAPA el pasado 17 de octubre por la cantidad de 2 mil 491 millones 725 mil 945.30 pesos, derivado de una revisión al ejercicio fiscal 2020.
Este es el segundo crédito fiscal notificado a la empresa en octubre. El primero fue el día 2 de ese mes por 3 mil 757 millones 846 mil 327.30 pesos, tras una revisión al ejercicio fiscal 2019.
De esta manera, el monto de incumplimiento de Aguakan, según lo determinado por CAPA y la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal, asciende a 6 mil 249 millones 572 mil 272 pesos.
“La Emisora también pretende hacer valer las posibles responsabilidades de las autoridades correspondientes y sus funcionarios involucrados con motivo de su actuación irregular y contraria a derecho”, señala en el comunicado a sus inversionistas ante la Bolsa Mexicana de Valores el pasado 20 de octubre.
“El supuesto crédito fiscal derivado de la revisión del ejercicio fiscal 2020 aquí descrito es, además de inconstitucional e ilegal, desproporcionado. En dicho ejercicio DHC tuvo ventas por la cantidad de $2,100’202,290.22 pesos. Esto significa que, al requerir CAPA y DRAEF un pago por la cantidad de $2,491’725,945.30 pesos, en realidad pretenden cobrar 1.18 veces los ingresos que en dicho año tuvo la Emisora”, explicó Aguakán.
El crédito fiscal fue notificado por Hugo Federico Garza Saez, director de la CAPA, y José de Jesús Martín Romero Espíndola, director de la DRAEF.
Conflicto entre Aguakán y gobierno va a cumplir 2 años
El conflicto entre el Gobierno y Aguakán inició formalmente en diciembre de 2023 cuando el Congreso, entonces encabezado por Humberto Aldana Navarro, aprobó el vencimiento del título de concesión para agua potable en 4 municipios de Quintana Roo.
En abril de 2025, un juzgado federal negó un amparo a la concesionaria, cuya sentencia fue impugnada por Aguakán.
Sin embargo, la revisión de la sentencia por parte del Primer Tribunal Colegiado está pendiente, porque la empresa promovió un incidente de recusación contra dos magistrados.
Cabe recordar que la concesión de la empresa vencía originalmente en 2023, sin embargo, nueve años de que ocurriera la entonces administración de Roberto Borge Angulo renovó el contrato por 30 años.
Por ese nuevo contrato la empresa entregó mil 53 millones de pesos.
